¿Qué garantías debería tener un referéndum de secesión? En caso de realizarse, ¿cómo se garantizan los derechos de toda la ciudadanía, la que quiere separarse y la que no?¿Es posible conciliar la secesión, un acto de ruptura, con la democracia, un principio de solidaridad? ¿Por qué la inmensa mayoría de democracias del mundo se declaran indivisibles? Son algunas de las preguntas que el diplomático y político Stéphane Dion intenta responder en su libro Condiciones de la Secesión en Democracia (Tirant Lo Blanch), presentado en España hace algunas unas semanas.

Stéphane Dion, impulsor de la Ley de la Claridad redactada tras la celebración en Quebec de los referéndum de 1980 y 1995, nos recuerda en su libro que para responder a estas cuestiones hay que considerar que cualquier decisión que se tome en este terreno afectará a las próximas generaciones (un problema que el Reino Unido ya está viviendo) y que no han podido expresarse. También plantea que aunque una de las claves para celebrar un referéndum de secesión es que exista una mayoría sostenida en el tiempo, una pregunta clara y un resultado inequívoco, esto sigue siendo insuficiente para garantizar los derechos de ciudadanía del conjunto de la sociedad, la que aspira a la secesión y la que no. Porque el principio de ciudadanía implica que los derechos de las naciones no se superponen a los derechos de las personas.

Y nos ofrece un ejemplo con lo que sucedió en 1995 con los pueblos aborígenes del norte de Quebec que convocaron sus propios referéndum en que expresaron en más del 90% su deseo de que sus territorios permanecieran en Canadá. ¿Qué habría pasado con estas personas si se hubiera materializado la secesión?¿Y de las otras que tampoco la querían y tenían unos derechos de ciudadanía adquiridos en democracia que les habrían sido arrebatados? Dion nos recuerda la importancia del principio de actuar con buena fe en un proceso de estas características, algo que en el caso de los pueblos aborígenes no se cumplió porque el gobierno secesionista de Quebec declaró ilegal su derecho a decidir.

El libro, que incluye artículos del catedrático de Derecho Constitucional, Alberto López Basaguren, y del investigador del Instituto de Federalismo Comparado, Francisco Javier Romero Caro, nos plantea además otra cuestión importante. ¿Por qué gastar esfuerzos en dividir un país en vez de buscar fórmulas que permitan convivir? Dion, un federalista declarado, defiende que las identidades múltiples no deben verse como contradictorias sino como complementarias, que la diversidad no es un problema en una sociedad sino una riqueza que el Estado debe proteger y ayudar a preservar. Mantener un país unido implica entender su complejidad y trabajar para que todo el mundo se sienta representado en sus instituciones, nos recuerda.

En el libro, Stéphane Dion, pero también López Basaguren y Romero Cano, aclaran que la Ley de la Claridad está lejos de ser (tal y como algunos la plantean desde Cataluña) una vía fácil para la autodeterminación. Es justamente lo contrario, una herramienta para poner una serie de condicionantes que eviten que se vulneren los derechos de ciudadanía, como la de los pueblos aborígenes de Quebec que no querían la secesión o del resto de canadienses para los que Quebec se convertía en un país extranjero. Porque las personas deben tener también el derecho a no decidir, a no tener que manifestarse sobre lo que es en realidad una medida extrema llena de incertidumbres.

Stéphane Dion concluye recordando que romper un Estado moderno y democrático es en sí mismo, incluso cuando existe la mejor voluntad de todas las partes involucradas, una tarea extremadamente delicada, compleja y de enormes proporciones en un mundo que es cada vez más complejo e intercontectado. Una tarea que no podría salir adelante sin un apoyo realmente amplio y, sobre todo, fuera del marco legal.

Este texto fue publicado por el Diari de Girona el 25 de junio de 2024

https://www.diaridegirona.cat/opinio/2024/06/25/dret-decidir-104229715.html