(Política & Prosa, 12 de febrero de 2026)
Paine, la comuna rural a las afueras de Santiago donde se crió el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tiene el triste récord de ser el lugar con mayor porcentaje de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura en proporción al número de habitantes. Las primeras semanas del golpe, 70 campesinos fueron aquí ejecutados o desaparecieron. En su mayoría eran agricultores que se habían beneficiado de la reforma agraria que impulsó primero el presidente Eduardo Frei Montalva y posteriormente, Salvador Allende. Es un caso emblemático porque en pocos lugares de Chile ha quedado acreditado, como aquí, que los crímenes fueron planificados y ejecutados no solo por uniformados, sino también por civiles, en concreto por latifundistas de la zona.
Entre éstos, se encontraba el padre y un hermano de José Antonio Kast. El juicio por los crímenes de Paine, que no llegó a celebrarse hasta la recuperación de la democracia, acreditó que los campesinos habían sufrido la revancha de los grandes propietarios de tierras que se vengaron con torturas y ejecuciones de las expropiaciones que habían sufrido por parte del Estado. Ni Michael Kast, padre del presidente electo, ni su hermano Christian, llegaron a recibir penas porque el primero ya había fallecido cuando concluyó el juicio y en el caso de Christian, la justicia lo desestimó porque era menor de edad en el momento en que se produjeron los hechos.
La participación directa de civiles en los crímenes de la dictadura es uno de los capítulos menos documentados de la historia reciente de Chile, uno que sigue pendiente de escribir. A pesar de que se sabe que facilitaron recursos materiales y participaron en redadas y fusilamientos, son pocos los casos que han llegado a los tribunales. En Paine han convivido durante más de cincuenta años los familiares de las víctimas y de los victimarios. Un memorial recuerda a los 70 hombres ejecutados o desaparecidos con un bosque de pilares de madera en el que destacan espacios vacíos que representan a los que faltan.
La familia Kast es una de las más conocidas de la zona de Paine y de la vecina Buin. El patriarca, Michael Kast, un alemán miembro del partido nazi que llegó a Chile a fines de la década de los 40’ con su esposa Olga Rist, levantó la fábrica de cecinas Bavaria que sigue en funcionamiento con 50 restaurantes repartidos por el territorio. El mayor de sus diez hijos, Miguel Kast, fue ministro de Planificación de Augusto Pinochet y se desempeñó durante la dictadura como presidente del Banco Central de Chile siendo uno de los miembros más destacados del grupo de los llamado Chicago Boys, los economistas responsables de las reformas neoliberales del régimen. Aunque murió en 1983, aún en dictadura, investigaciones posteriores, como la del periodista Javier Rebolledo, lo vinculan a la financiación de la DINA, la policía secreta de Pinochet, y de su sucesora, la CNI. José Antonio Kast, que estudió derecho en la Universidad Católica de Chile, es el menor de los diez hijos de la familia Kast Rist y sigue viviendo en Buin, donde empezó su carrera política como concejal.
Aunque el presidente electo de Chile tenía solo siete años cuando se produjeron los hechos de Paine, su trayectoria política hace difícil pensar que se encuentre en el bando de los que condenan lo que allí sucedió. En 2017, la primera vez que se presentó como candidato a la presidencia, visitó a los presos por violaciones a los derechos humanos en Colina I y Punta Peuco, dos prisiones creadas especialmente para los delitos de lesa humanidad, y abogó por ellos porque, según su opinión, “no primaba la justicia sino la venganza”. “Mi nombre es José Antonio Kast y yo sí defiendo con orgullo la obra del gobierno militar. Yo sí creo que muchos militares y miembros de las Fuerzas Armadas están siendo perseguidos y yo sí me comprometo, si soy presidente, a proteger a las Fuerzas Armadas”, declaró en agosto de ese año, en un acto celebrado en el Teatro Caupolicán. En la misma campaña aseguró que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él.
Desde fuera de Chile, cuesta entender que un político con estas credenciales haya conseguido el 58% de los votos en el balotaje del 14 de diciembre pasado. Lo que podría interpretarse como un ataque de nostalgia de una parte de los chilenos por la figura de Pinochet, desde dentro del país se percibe más bien como una indiferencia de una gran parte de la ciudadanía por lo que sucedió durante los 17 años de dictadura. Los estudios de opinión dicen que la mayor parte de votantes de Kast, que no vivieron el golpe o crecieron en democracia, fueron a votar pensando sobre todo en el miedo, el que les genera la delincuencia, pero también la migración supuestamente descontrolada que vinculan a la inseguridad ciudadana y que se ha convertido en la principal preocupación del país.
En muy poco tiempo, Chile ha pasado de tener 18 millones de habitantes a superar los 20 millones producto de una ola migratoria formada por personas provenientes de Colombia y Venezuela que entran caminando por los pasos fronterizos del norte del país. José Antonio Kast se comprometió en su última campaña a expulsar a cientos de miles de estos inmigrantes, algo difícil de cumplir porque no provienen de países fronterizos y no se conoce siquiera la cifra exacta. Sus promesas de mano dura, inspiradas en las políticas de Trump y Bukele y que incluyen medidas como levantar muros y zanjas en la frontera y encerrar a los indocumentados en centros para migrantes, acabaron inclinando la balanza a su favor.
También fue decisiva para su victoria la imposición del voto obligatorio que sumó 5 millones de electores a los 8 millones que participaron en las presidenciales de 2021 y que dieron la victoria a Gabriel Boric. Estos electores llevaban décadas sin votar porque no querían incidir y todo apunta a que decidieron en clave de protesta, algo que viene imponiéndose en Chile desde 2006 en que, sin excepción, ningún presidente del país le ha entregado la banda presidencial a otro de su mismo signo político.
Al voto de castigo y la alternancia entre la izquierda y la derecha que se han impuesto como norma en el país, se sumó esta vez la decisión de José Antonio Kast de no pronunciarse sobre las cuestiones de corte valórico que sí protagonizaron sus anteriores campañas restándole apoyos y en las que prometió, en la misma línea que las extremas derechas globales, prohibir el aborto, suprimir el Ministerio de la Mujer o restringir los derechos de las personas LGTBI+. Ahora, en cambio, se centró en lo que él definió como la formación de un gobierno de emergencia que, entre otras medidas, debería sacar adelante un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses que nadie ha concretado cómo se conseguirá.
Un discurso que ideológicamente no difiere de las recetas económicas que impuso Augusto Pinochet a partir de los años 70’ y en las que participó activamente su hermano Miguel Kast, formado en la escuela de Chicago y partidario de una liberalización total de la economía chilena. En 2026 esta liberalización podría afectar recursos naturales estratégicos en el ámbito de la energía, como el litio, el cobre, el hidrógeno verde o el petróleo, cuyo control obsesiona a las extremas derechas del mundo, y a grandes infraestructuras que no han podido prosperar por su impacto medioambiental. Por primera vez, Chile tendrá un presidente que niega el cambio climático y que podría aliarse, por ejemplo, con el vecino gobierno de Javier Milei para entregar el hidrógeno verde de Tierra del Fuego o la Patagonia a grandes transnacionales por miles de millones de dólares e hipotecar el futuro del país y del medio ambiente por décadas.
En un artículo reciente en The New York Times, el escritor Ariel Dorfman decía que Augusto Pinochet debe estar sonriendo desde su tumba por el triunfo de José Antonio Kast. Recuerda que, aunque sus partidarios nunca desaparecieron, habían sido hasta ahora una parte residual del país. Una que le defendía “por haber salvado el país del comunismo”, pero que se había mantenido al margen de la gobernabilidad. De hecho, el único presidente conservador que había ocupado la presidencia de Chile desde la recuperación de la democracia era Sebastián Piñera que siempre se cuidó de distanciarse del régimen y condenar su legado.
Una de las grandes interrogantes que ha recorrido la última campaña y que José Antonio Kast no quiso despejar es si se atreverá a indultar a Miguel Krassnoff, un exmilitar condenado a más de mil años de cárcel por delitos de lesa humanidad al que ha visitado varias veces en el penal de Punta Peuco y defendido públicamente. Álvaro Varela, abogado fundador de la Vicaría de la Solidaridad, el organismo de la Iglesia que actuó como Ministerio de Justicia en la sombra defendiendo los derechos humanos en la dictadura, cree que lo hará. Quizás no al comienzo de su mandato, pero sí en un momento en que se sienta suficientemente fuerte para aprobar una medida que podría favorecer a 139 militares que cumplen penas.
Varela, que fue torturado por Krassnoff así como muchas otras miles de personas que sobrevivieron a los 1.168 centros de detención y tortura que se extendieron por la geografía del país, temen un retroceso en los avances en materia de memoria histórica y democrática. Una que está reconocida en los informes oficiales de Estado, el Rettig y el Valech, que describen extensamente los crímenes de la dictadura, pero que se ve cada vez más cuestionada por la nueva extrema derecha pinochetista que a veces niega y otras justifica la violencia de la dictadura. De momento, José Antonio Kast ha anunciado que uno de los abogados que defendió a Augusto Pinochet en Londres se convertirá en ministro de Justicia y Derechos Humanos, algo que parece una broma macabra pero que señala el camino de lo que puede suceder.
En Paine todavía existe una calle conocida como “el callejón de las viudas”. En octubre de 1974 se llevaron de este lugar a 14 de los 15 hombres que vivían en sus casas. Dejaron atrás esposas, hijas y madres que han estado buscándoles durante medio siglo. Gracias a su empeño y al del resto de familiares, en 2022 la Corte Suprema dictó sentencia por la ejecución o desaparición de 38 de los 70 campesinos represaliados en la zona, los que protagonizaron la llamada “matanza de Paine” que se caracterizó por su extrema crueldad porque a algunos cadáveres les sacaron los ojos y les cortaron las lenguas con corvos. El juicio fue posible porque uno de ellos, Alejandro Bustos, sobrevivió al fusilamiento escondiéndose entre los cadáveres. Bustos afirmó que entre los civiles que estaban presentes aquel día estaba Christian Kast.
De las 70 víctimas de Paine, hay 24 que siguen desaparecidas y forman parte del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el gobierno de Gabriel Boric para determinar que sucedió con las 1.162 personas detenidas durante la dictadura de las que aún no se tiene noticia. Su trabajo, así como la resignificación de los espacios de memoria, al que se ha sumado recientemente Colonia Dignidad, depende de la voluntad del próximo gobierno presidido por José Antonio Kast. A la espera de lo que ocurra, en la entrada del memorial de Paine, un cartel recuerda bajo el calor ardiente del verano chileno: “Cuando pienses el futuro, que no te falle la memoria”.
Política & Prosa, 12 de febrero de 2026 (Foto: equipo de José Antonio Kast)
Castellano:
https://politicaprosa.com/es/kast-o-la-alargada-sombra-de-pinochet/
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